La DIPPBA digitaliza los legajos de vigilancia a la salud en los 70
El Archivo de la DIPPBA, centro de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ha digitalizado miles de fichas producidas durante la última dictadura militar. Entre los materiales se encuentran legajos sobre profesionales, delegados gremiales y enfermeras de hospitales públicos. Esta apertura permite reconstruir las redes de espionaje que el Estado desplegó contra amplios sectores de la sociedad.
Para Encuentro Memoria Verdad y Justicia, cada legajo difundido es un avance en la memoria colectiva y en la búsqueda de verdad sobre el terrorismo de Estado. La digitalización facilita la investigación periodística, el trabajo de los abogados querellantes y el derecho a la información de las víctimas.
Los trabajadores de la salud ocuparon un lugar particular en la mira de los servicios de inteligencia. En los hospitales se atendían víctimas de la represión y se organizaban redes de solidaridad con fábricas y barrios. Conocer los nombres, las direcciones y los seguimientos registrados permite hoy dimensionar la vigilancia y reconstruir la historia de quienes sostuvieron la atención médica.
La DIPPBA y el espionaje como política de estado
La DIPPBA funcionó como centro de producción de inteligencia entre 1956 y 1998. Durante la dictadura su tarea se centró en el seguimiento de militantes políticos, gremiales y sociales, así como de cualquier persona considerada sospechosa. Los legajos digitalizados dan cuenta de una lógica represiva que buscaba perseguir a las organizaciones armadas y neutralizar los espacios de organización popular, incluidos los hospitales.
Miles de fichas consignan datos sobre médicos, psiquiatras, enfermeros y administrativos de hospitales públicos de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Buenos Aires. Los agentes registraban las reuniones sindicales, los delegados electos y las actividades solidarias en los hospitales. Esta documentación resulta clave para entender cómo la inteligencia construyó un mapa detallado de la vida de los sectores comprometidos con la salud pública.
La salud pública como blanco de la vigilancia
En los años setenta el sistema de salud atravesaba un proceso de expansión y compromiso social. Muchos profesionales participaban en programas de medicina comunitaria y campañas de vacunación que los vinculaban con organizaciones barriales y centros culturales. Los informes de la DIPPBA describían estas tareas como subversivas, justificando el seguimiento y la infiltración de las asambleas gremiales.
Los legajos muestran cómo la inteligencia registraba los nombres de los pacientes atendidos y los traslados de personas heridas en operativos represivos. Esta información era estratégica para identificar a militantes escondidos o en recuperación. Reconstruir estas prácticas permite visibilizar la complicidad estatal con las violaciones a los derechos humanos y respaldar los juicios en curso.
La tarea de digitalización y acceso público
El proceso estuvo a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria, que custodia el archivo desde 2003. La incorporación de los legajos vinculados a la salud se hizo con agrupaciones gremiales, facultades de ciencias médicas y organizaciones de derechos humanos que aportaron datos para verificar la información. El objetivo es transformar el archivo en una herramienta viva para investigadores, estudiantes y familiares.
Gracias a esta labor, cualquier persona puede acceder de manera gratuita a la versión digital de las fichas mediante el sitio web. La navegación es sencilla: se pueden buscar nombres, instituciones, fechas y localidades. Esta accesibilidad contrasta con la destrucción de documentación que caracterizó a otras dependencias de inteligencia y refuerza el compromiso del Estado con la transparencia.
Memoria activa y sitios de preservación
El trabajo del archivo se complementa con los sitios de memoria distribuidos en el país, donde funcionan ex centros clandestinos de detención, lugares de militancia y espacios de investigación histórica. Un informe de auditoría advierte sobre el recorte del 40 por ciento en los gastos destinados a estos sitios, una decisión que compromete las actividades educativas y de difusión.
La situación financiera pone en riesgo la labor de guías, investigadores y voluntarios que sostienen la apertura de los ex centros clandestinos. La comunidad organizada ha exigido al gobierno nacional y a las provincias la restitución de los fondos y condiciones dignas para el trabajo en los sitios. Se trata de una pelea concreta que atraviesa a toda la sociedad.
El contexto actual de criminalización y doctrina represiva
Mientras se digitalizan los archivos del pasado, las fuerzas de seguridad del presente profundizan prácticas que recuerdan a las peores épocas de la dictadura. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el avance de la doctrina Chocobar, una concepción que habilita el uso letal de la fuerza contra personas vulnerables, en barrios populares donde la presencia estatal llega a través de la represión.
Esta doctrina se traduce en la criminalización de la protesta, la persecución de dirigentes territoriales y el hostigamiento a profesionales que defienden el derecho a la salud. Los mismos hospitales que fueron blanco del espionaje dictatorial hoy son escenario de causas judiciales contra médicas y médicos que garantizan interrupciones legales del embarazo o acompañan a víctimas de violencia institucional. La continuidad entre pasado y presente se vuelve cada vez más visible.
Hacia la verdad y la justicia plena
La difusión de los legajos digitalizados sobre la vigilancia a los trabajadores de la salud es un llamado a sostener los juicios por los crímenes de lesa humanidad y a profundizar la investigación sobre la actuación del Estado. Cada documento que sale a la luz es un mensaje para las nuevas generaciones: la memoria no se reduce a conmemoraciones, se construye con archivos, con luchas y con la decisión de no repetir.
Desde Encuentro Memoria Verdad y Justicia reafirmamos el compromiso con la defensa del archivo, con la apertura de los juicios y con la condena social a toda forma de impunidad. La verdad necesita sostenerse con políticas públicas, presupuesto y participación activa. Sin memoria no hay democracia, y sin justicia la democracia se vuelve una palabra vacía.
Sumate a las próximas actividades, suscribite al sitio y compartí esta información en tu espacio de militancia. La defensa de los archivos y de los sitios de memoria es una tarea colectiva que requiere compromiso cotidiano e información veraz, con la convicción de que la verdad siempre será más fuerte que el olvido.