El gobierno de Santa Fe intenta expulsar a una agrupación de memoria
El gobierno municipal de la ciudad de Santa Fe ha iniciado un proceso de desalojo contra una organización de derechos humanos que custodia un ex centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar. La medida fue notificada formalmente y ha generado una inmediata denuncia pública por parte de la agrupación afectada y de diversos organismos de derechos humanos.
La organización, integrada por familiares de detenidos-desaparecidos, sobrevivientes y militantes sociales, mantiene desde hace años la custodia del lugar donde funcionó un centro de detención ilegal entre 1976 y 1983. El espacio funciona como archivo documental y sede de actividades educativas en derechos humanos.
La notificación de desalojo argumenta razones administrativas y de reordenamiento urbano, según fuentes de la comuna. La agrupación denuncia que la verdadera intención del gobierno es vaciar el sitio y poner en riesgo un patrimonio fundamental para la memoria colectiva de la comunidad santafesina.
Este conflicto se inscribe en un debate más amplio sobre el destino de los ex centros clandestinos en Argentina, muchos gestionados por organizaciones de la sociedad civil frente al abandono estatal o la presión inmobiliaria. La preservación de estos sitios es central en la lucha contra el olvido y la impunidad.
El pasado clandestino del inmueble
El inmueble funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1983, cuando fue utilizado por las fuerzas armadas y de seguridad para el alojamiento ilegal de detenidos-desaparecidos y la aplicación de tortura. Tras la recuperación democrática, el sitio fue preservado por organismos de derechos humanos que recopilaron testimonios y pruebas sobre lo acontecido.
La agrupación ha registrado el listado de personas que pasaron por el lugar, incluyendo sobrevivientes y familiares de quienes continúan desaparecidos. Este archivo resulta esencial para las causas judiciales por delitos de lesa humanidad y para la reconstrucción histórica del terrorismo de Estado.
En el sitio se realizan visitas guiadas, actividades con estudiantes secundarios y jornadas de reflexión junto a organizaciones territoriales. El objetivo es transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la defensa de los derechos humanos frente a la represión estatal.
La tarea sostenida por la agrupación
La agrupación cumple un rol esencial en la preservación del ex centro clandestino y en la difusión de su historia. Sostiene las actividades del espacio a través del trabajo voluntario de sus integrantes, sin financiamiento estatal regular, enfrentando además el deterioro edilicio y los gastos de mantenimiento del inmueble.
Además de la preservación física, acompaña a víctimas y familiares en trámites judiciales vinculados a los juicios de lesa humanidad. También participa en articulaciones con otros espacios de memoria del país y con redes internacionales que trabajan por la preservación de lugares donde se cometieron crímenes contra la humanidad.
En su tarea de difusión, la organización ha generado materiales que se pueden conocer en poker-tilt-herkennen-tips, donde se publica documentación relevante para la investigación y la educación en derechos humanos.
El intento de desalojo y los argumentos oficiales
La notificación fue entregada por el gobierno municipal invocando razones administrativas, de seguridad edilicia y de reordenamiento del espacio público. Según la comuna, el inmueble presenta irregularidades en la documentación y sería necesario intervenir la zona para obras de infraestructura proyectadas en el área.
La agrupación ha rechazado estos argumentos y ha denunciado que la verdadera intención es vaciar el lugar para dejarlo en estado de abandono o proceder a su demolición. Sus integrantes señalan que ninguna obra urbana puede justificar el arrasamiento de un sitio que forma parte del patrimonio histórico.
La organización ha exigido la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades municipales. Hasta el momento, la comuna no ha dado señales de querer habilitar un canal de negociación genuino con la agrupación afectada por la decisión.
La preservación como obligación del Estado
El ex centro clandestino forma parte del patrimonio histórico de la ciudad de Santa Fe y de la Nación, en tanto lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad acreditados judicialmente. Su preservación es una obligación del Estado argentino en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha suscrito.
Distintos especialistas en patrimonio, arquitectos y juristas han expresado su respaldo a la preservación del lugar y han cuestionado los argumentos oficiales. Profesionales del ámbito universitario y de organismos internacionales han expresado públicamente su preocupación ante un eventual avance del desalojo.
La agrupación ha reclamado que se declare al sitio como monumento histórico nacional, lo que garantizaría su protección legal frente a cualquier intento de demolición. Esta declaración es una demanda histórica de los organismos de derechos humanos para proteger los ex centros clandestinos.
Rechazo desde los organismos de derechos humanos
Diversos organismos de derechos humanos han expresado su solidaridad con la agrupación y rechazado públicamente el intento de desalojo. Organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y numerosas organizaciones de todo el país han manifestado su preocupación y exigido al gobierno municipal que desista de la medida.
También se han expresado en contra del desalojo diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas que entienden la preservación de los sitios de memoria como una tarea colectiva. La lucha por la memoria y la justicia es una causa de toda la comunidad, señalan los organismos que han adherido al reclamo.
La agrupación ha convocado a una jornada nacional de movilización y denuncia frente al municipio de Santa Fe. Para sumarse a las actividades y conocer el cronograma del primer encuentro nacional, se puede consultar la convocatoria de la agrupación y de los organismos adheridos.
La lucha por los sitios de memoria en el país
El caso de Santa Fe se inscribe en una lucha más amplia que organismos de derechos humanos y víctimas llevan adelante en todo el país por la preservación de los ex centros clandestinos. En varias provincias se han registrado intentos de demolición, vaciamiento o apropiación privada de estos espacios, lo que ha generado redes de defensa articuladas frente a estos atropellos.
La preservación de estos sitios es considerada una tarea fundamental por la comunidad internacional de derechos humanos, que entiende que los lugares donde se cometieron crímenes contra la humanidad deben ser conservados como garantía de no olvido y como herramienta pedagógica frente a discursos negacionistas.
Por eso, la denuncia del intento de desalojo en Santa Fe es también una denuncia contra la impunidad y el avasallamiento de los derechos humanos. La agrupación ha hecho un llamado a sumarse a la defensa del sitio y a participar de las próximas actividades para visibilizar el conflicto.
Desde la agrupación convocamos a sumarse a la defensa del ex centro clandestino y a participar de las próximas actividades de movilización. Es necesario expresar el rechazo al intento de desalojo y exigir al gobierno municipal que retire la notificación y habilite un diálogo respetuoso de los derechos de las víctimas. Para acompañar la denuncia, convocamos a la marcha y al festival que se realizarán en los próximos días en la ciudad de Santa Fe. La memoria no se desaloja, se defiende.