Las Casitas: memoria y resistencia vecinal en Mendoza
La posible venta del ex centro clandestino de detención conocido como Las Casitas, en Mendoza, vuelve a poner en el centro de la escena la disputa por los sitios de memoria. Para las organizaciones de derechos humanos y quienes viven en la zona, no se trata de un inmueble vacío ni de un terreno disponible: es un lugar asociado al terrorismo de Estado y a las historias de las personas perseguidas, secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura.
El anuncio o la intención de transferir ese predio genera preocupación por sus consecuencias patrimoniales, judiciales y sociales. Cuando un espacio vinculado con crímenes de lesa humanidad queda expuesto a una operación comercial, también se pone en riesgo la preservación de pruebas, la señalización pública y la posibilidad de construir memoria colectiva.
La reacción vecinal se suma a la tarea sostenida por organismos, sindicatos, agrupaciones políticas y colectivos de derechos humanos. Su resistencia busca impedir que el mercado defina el destino de un sitio cuya importancia excede ampliamente los límites de Mendoza.
Un lugar que conserva memoria
Los ex centros clandestinos forman parte de una geografía del terror que todavía debe ser reconocida y protegida. En sus paredes, terrenos y estructuras persisten indicios materiales de una política represiva organizada desde el Estado. La conservación de Las Casitas resulta inseparable del derecho de la sociedad a conocer qué ocurrió allí.
La discusión tampoco puede reducirse a la titularidad formal del predio. El Estado tiene obligaciones especiales frente a los lugares relacionados con delitos de lesa humanidad: debe garantizar su resguardo, facilitar la investigación y evitar cualquier modificación que destruya información relevante o banalice su significado histórico.
La venta como amenaza a las políticas de memoria
La eventual comercialización expresa una concepción patrimonial que trata el suelo como una mercancía y relega su valor histórico. Un proyecto privado podría alterar el espacio, restringir el acceso público o borrar las referencias que permiten comprender la dimensión de la represión en Mendoza.
Las organizaciones que denuncian esta situación reclaman transparencia, información pública y participación comunitaria. También exigen que cualquier decisión sea sometida a controles administrativos, legislativos y judiciales, con intervención de especialistas en patrimonio, sobrevivientes y familiares.
En otros puntos del país, la violencia estatal continúa siendo una preocupación documentada, como muestra este informe sobre violencia policial en Santa Fe. La defensa de Las Casitas forma parte de una misma agenda: limitar la arbitrariedad institucional y sostener mecanismos de verdad y rendición de cuentas.
La resistencia vecinal gana espacio
La oposición a la venta nace también de quienes habitan el territorio y conocen el valor simbólico del lugar. Reuniones, pronunciamientos, actividades públicas y pedidos de intervención institucional permiten transformar una preocupación dispersa en una demanda colectiva.
El vecindario no reclama únicamente conservar una construcción. Reclama que el sitio sea reconocido como parte de la historia mendocina y que su destino se defina mediante un proceso abierto. La participación popular resulta fundamental para impedir decisiones tomadas a espaldas de la comunidad.
| Aspecto | Venta o transferencia comercial | Protección como sitio de memoria |
|---|---|---|
| Criterio principal | Rentabilidad y uso privado | Verdad, justicia y patrimonio |
| Acceso | Posiblemente restringido | Público y educativo |
| Valor del predio | Económico e inmobiliario | Histórico, social y judicial |
| Participación | Decisión administrativa o empresarial | Debate comunitario y control ciudadano |
| Riesgo | Alteración o pérdida de evidencias | Conservación y transmisión de memoria |
El patrimonio no puede quedar aislado de la justicia
Preservar Las Casitas no es una acción ceremonial. Los sitios de memoria contribuyen a los procesos judiciales porque permiten contextualizar testimonios, reconstruir circuitos represivos y sostener la materialidad de los crímenes. La destrucción o transformación de esos espacios puede producir daños irreparables.
También cumplen una función pedagógica. Las visitas, señalizaciones y actividades educativas ayudan a comprender que la dictadura no fue una abstracción ni una sucesión de fechas, sino un sistema de persecución que afectó comunidades concretas. Ese aprendizaje es especialmente urgente cuando reaparecen discursos que relativizan el terrorismo de Estado.
Información pública frente al silencio
La ciudadanía necesita conocer quién impulsa la operación, bajo qué norma, con qué tasación y qué organismos intervinieron. La falta de datos alimenta la sospecha y debilita cualquier argumento basado en el interés general. Un expediente accesible debe incluir informes patrimoniales, antecedentes dominiales y evaluaciones sobre el impacto de una eventual transferencia.
El debate público también debe cuidarse de la dispersión y la desinformación. En un entorno donde circulan contenidos comerciales desvinculados de las luchas sociales, incluso referencias como apuestas con multiplicadores pueden aparecer mezcladas con información política; por eso es indispensable verificar fuentes y priorizar documentos oficiales, testimonios y pronunciamientos de organismos reconocidos.
Qué puede fortalecer la defensa del sitio
La resistencia vecinal necesita articularse con las organizaciones de derechos humanos y con las herramientas legales disponibles. La movilización pública, la presentación de pedidos de acceso a la información y la intervención de instituciones especializadas pueden frenar decisiones irreversibles.
Entre las acciones prioritarias se encuentran:
- Exigir la publicación completa del expediente y de toda propuesta de venta o transferencia.
- Solicitar la declaración y actualización de la protección patrimonial del predio.
- Convocar a familiares, sobrevivientes, especialistas y vecinos a una audiencia pública.
- Promover actividades de memoria, señalización y educación en el lugar.
- Reclamar que ningún cambio se concrete sin control judicial y participación ciudadana.
Defender Las Casitas significa sostener una política de Estado basada en memoria, verdad y justicia. La comunidad mendocina, los organismos y las organizaciones populares pueden hacer visible el reclamo mediante comunicados, movilizaciones y acciones institucionales. Mantener el sitio abierto, protegido y ligado a la investigación de los crímenes de la dictadura es una responsabilidad colectiva que debe hacerse escuchar ahora.