Informe anual de EMVyJ expone la criminalización mapuche en la Patagonia
La coalición Encuentro Memoria Verdad y Justicia presentó su informe anual sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina, con un capítulo dedicado al avance de la criminalización de las protestas mapuche en distintas zonas de la Patagonia. El documento fue elaborado junto a referentes territoriales y abogados defensores, y reúne un relevamiento de causas judiciales abiertas contra integrantes de comunidades originarias durante el último año.
La publicación, disponible en el sitio de la coalición, busca instalar el debate en la agenda pública y reforzar la exigencia de un cambio en la política de seguridad y de justicia de las provincias del sur. El texto reúne un punteo de hechos, una caracterización de los tipos penales utilizados y un análisis del rol cumplido por empresas, fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales.
Ejes centrales del documento
El relevamiento recoge más de una decena de causas donde personas mapuche fueron imputadas por figuras como usurpación, atentado contra la seguridad pública y resistencia a la autoridad. En varios expedientes, según el informe, no se acreditaron hechos violentos por parte de los imputados, pero las acusaciones continuaron vigentes durante años sin que se resolviera su situación procesal. La coalición describe ese mecanismo como una herramienta de castigo anticipado que condiciona la vida comunitaria y desincentiva la organización interna.
Otro eje trabajado es la articulación entre corporaciones extractivas, gobiernos provinciales y fuerzas de seguridad para producir material probatorio que sostiene las causas. El informe advierte sobre convenios que, en los hechos, delegan funciones de vigilancia a actores privados y abren la puerta a denuncias penales iniciadas por particulares vinculados a empresas radicadas en la región.
Persecución penal y figuras legales aplicadas
El documento identifica una utilización ampliada del derecho penal para responder a conflictos que en otros contextos se resolverían por la vía administrativa o del diálogo. En varias causas se aplicaron tipos penales pensados para hechos graves a personas que participaban de cortes de ruta, ceremonias comunitarias o simple presencia en territorios en disputa. Las defensas sostienen que se trata de una estrategia deliberada para forzar acuerdos o producir el alejamiento de los territorios.
La publicación también describe la proliferación de denuncias iniciadas por empleados de empresas o por funcionarios provinciales, que se acumulan sobre una misma comunidad y multiplican los frentes judiciales abiertos. Esa sobrecarga, señala el informe, vulnera el derecho a una defensa adecuada y termina por criminalizar la militancia territorial.
Fuerzas de seguridad y respuestas judiciales
El informe documenta el despliegue de Gendarmería Nacional, Prefectura y policías provinciales en operativos realizados en comunidades del norte de Neuquén, sur de Río Negro y centro de Chubut. En varios procedimientos, según los testimonios relevados, se incumplieron protocolos y se vulneraron garantías mínimas de personas detenidas, particularmente jóvenes y mujeres.
La coalición advierte además por la asimetría con la que avanzan las investigaciones: las causas que involucran a imputados mapuche se tramitan con mayor velocidad, mientras las que investigan violencia institucional contra las comunidades permanecen paralizadas por períodos indefinidos. Esta diferencia se complementa con antecedentes recientes del fuero federal, entre ellos la reciente inconstitucionalidad del indulto dictada por un juez federal, que la coalición presenta como muestra de reparación institucional todavía pendiente de consolidar.
Represión territorial y derechos indígenas
Otro capítulo repasa los proyectos legislativos provinciales que buscan modificar las normas de reconocimiento de la propiedad comunitaria. En las provincias analizadas se registran iniciativas que reducen plazos de prescripción y limitan la posibilidad de acreditar posesión ancestral mediante testimonios producidos por las propias comunidades, lo que en la práctica restringe el acceso a la justicia de los pueblos originarios.
El texto reclama el cumplimiento del estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y el cese de toda medida regresiva. La coalición sostiene que la orientación de esas reformas se complementa con la presión sobre referentes territoriales, imputados en causas abiertas a partir de su actividad de defensa del territorio y de acompañamiento a procesos de recuperación comunitaria.
Llamado a la solidaridad y a la movilización
El cierre del informe convoca a organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos a acompañar las audiencias judiciales, los habeas corpus y los actos públicos previstos para los próximos meses. La coalición invitó a sumar adhesiones y a replicar el documento en ámbitos gremiales, estudiantiles y comunitarios, y puso a disposición material adicional del archivo para profundizar la lectura sobre las estrategias judiciales en curso en distintas provincias patagónicas.
Sumate a las próximas convocatorias, difundí el informe en redes sociales y acercate a las audiencias donde se juzgarán las causas abiertas contra las comunidades mapuche de la Patagonia. La criminalización de la protesta sólo se frena con organización colectiva, acompañamiento solidario y memoria sostenida en el tiempo.