La asamblea repudia el hostigamiento judicial a una organización social
La asamblea del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresa su repudio al hostigamiento judicial contra una organización social que acompaña a víctimas de la violencia institucional. La persecución de quienes brindan asistencia, orientación y contención constituye un ataque contra las redes comunitarias que sostienen derechos allí donde el Estado suele llegar tarde o está directamente involucrado en los abusos.
La coalición advierte que la criminalización de la solidaridad forma parte de una política más amplia de disciplinamiento social. Cuando una organización denuncia torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos policiales o violencia en los barrios, su tarea resulta imprescindible para documentar los hechos y reclamar verdad, justicia y reparación.
Una práctica de acompañamiento indispensable
Las organizaciones sociales que asisten a personas afectadas por la violencia institucional cumplen una función humanitaria y democrática. Reciben testimonios, acompañan a familiares, articulan con abogados y organismos de derechos humanos, y ayudan a que las víctimas puedan enfrentar trámites y procesos que suelen ser desgastantes.
Ese trabajo no puede ser presentado como una amenaza ni como una conducta sospechosa. Convertir la ayuda en motivo de investigación judicial busca aislar a quienes denuncian y desalentar a otras personas que podrían acercarse para pedir apoyo.
El uso abusivo de la justicia
La apertura de causas sin fundamentos sólidos, las citaciones intimidatorias y la vigilancia sobre referentes comunitarios producen un efecto que excede a las personas directamente involucradas. El mensaje implícito es que reclamar frente a la violencia estatal puede traer consecuencias penales o económicas.
El Poder Judicial debe investigar los delitos cometidos por agentes estatales y garantizar el acceso a la justicia, no funcionar como herramienta de persecución contra quienes acompañan a las víctimas. La independencia judicial pierde sentido cuando los tribunales son utilizados para amedrentar, silenciar o desgastar a las organizaciones populares.
La criminalización de la protesta
El hostigamiento denunciado se inscribe en un escenario de creciente criminalización de la protesta y de la organización colectiva. En distintos territorios, cooperativistas, trabajadores, estudiantes y referentes barriales enfrentan detenciones, allanamientos y expedientes que intentan transformar reclamos legítimos en delitos.
La experiencia reciente de la detención de dirigentes de una cooperativa de recicladores muestra cómo se utiliza el aparato penal para castigar la acción colectiva; así lo documenta el informe sobre la criminalización de la protesta. Estas prácticas afectan especialmente a quienes organizan respuestas solidarias frente a la pobreza y la exclusión.
Memoria frente a la impunidad
La defensa de las víctimas de la violencia institucional está vinculada con las luchas históricas por memoria, verdad y justicia. La impunidad se fortalece cuando los responsables de abusos no son investigados y cuando se persigue a quienes reúnen pruebas, preservan testimonios y acompañan a las familias.
La desaparición de Jorge Julio López permanece como una herida abierta y como una advertencia sobre los riesgos que enfrentan quienes participan en procesos contra responsables de crímenes de lesa humanidad. Mantener presente su caso, a través del archivo dedicado a Julio López, implica sostener la exigencia de una investigación eficaz y de garantías para quienes buscan justicia.
Solidaridad con las organizaciones perseguidas
La asamblea manifiesta su solidaridad con la organización afectada y con cada una de las personas que realizan tareas de acompañamiento, denuncia y asistencia. También reclama el cese inmediato de toda medida intimidatoria y la revisión de las actuaciones judiciales que carezcan de una justificación legítima.
Ninguna investigación debe convertirse en una forma de castigo anticipado. Las instituciones tienen la obligación de proteger a las víctimas y a quienes las acompañan, respetar el derecho de defensa y evitar que los procedimientos judiciales sean usados para reproducir la violencia que dicen combatir.
Una respuesta colectiva y democrática
La respuesta frente al hostigamiento requiere unidad entre organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales, espacios políticos, abogados y organizaciones territoriales. La fragmentación facilita la persecución; la solidaridad pública permite visibilizar los abusos y construir mecanismos de protección.
La asamblea reafirma que denunciar la violencia institucional, acompañar a sus víctimas y reclamar justicia son derechos democráticos. Defender estas tareas significa preservar las libertades públicas, impedir el avance de la impunidad y sostener una sociedad donde la protesta no sea delito.
Difundamos la denuncia, acompañemos a la organización perseguida y exijamos el fin de toda persecución judicial contra quienes defienden derechos humanos. La memoria, la verdad y la justicia se sostienen con participación colectiva y con una respuesta firme frente a cada intento de silenciar la solidaridad.