La protesta bajo sospecha: denuncia contra el protocolo policial
La coalición Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) denunció que la Policía de la Ciudad aplica el protocolo de “actuación ante el delito” para presentar la protesta social como una amenaza al orden público. Según el planteo de las organizaciones, esa herramienta habilita intervenciones policiales desproporcionadas, detenciones arbitrarias y causas judiciales contra manifestantes, trabajadores, periodistas y referentes sociales.
La crítica se inscribe en una preocupación más amplia: el avance de políticas de seguridad que buscan disciplinar la movilización popular mediante controles, hostigamiento y criminalización. Para el EMVyJ, cortar una calle, participar de una marcha o reclamar frente a una institución no convierte a una persona en delincuente ni justifica la suspensión de derechos constitucionales.
Un protocolo que amplía la discrecionalidad policial
La coalición cuestiona que el protocolo utilice una definición amplia de “delito” para ordenar la actuación de los agentes. En la práctica, esa ambigüedad puede permitir que una manifestación sea tratada desde el inicio como un escenario criminal, aun cuando se desarrolle de manera pacífica y forme parte de una jornada de reclamo legítimo.
La preocupación central está vinculada con la discrecionalidad. Cuando las fuerzas de seguridad deciden qué conducta constituye una amenaza sin controles suficientes, aumentan los riesgos de identificación compulsiva, requisas, retenciones y uso de la fuerza. La protesta deja de ser reconocida como un derecho y pasa a ser observada bajo una lógica de sospecha permanente.
Criminalización de la protesta y disciplinamiento social
El EMVyJ sostiene que la persecución de manifestantes procura desalentar la participación colectiva. Las amenazas de detención, la apertura de expedientes y la difusión de imágenes de personas movilizadas pueden generar un efecto intimidatorio que alcanza a toda la sociedad, incluso a quienes no fueron detenidos ni imputados.
Esta dinámica afecta especialmente a organizaciones sindicales, movimientos territoriales, centros de estudiantes y colectivos de derechos humanos. En lugar de atender las demandas que originan una movilización, el Estado desplaza el foco hacia la conducta de quienes reclaman. Así, la pobreza, la precarización laboral, los despidos o la falta de vivienda quedan relegados por un discurso centrado en el tránsito y la seguridad.
El derecho a movilizarse exige garantías
La libertad de expresión y el derecho de reunión protegen también las formas colectivas de protesta. Las marchas, concentraciones, cortes simbólicos y actos públicos permiten visibilizar conflictos que muchas veces no encuentran respuesta por las vías administrativas habituales. Su regulación no puede transformarse en una prohibición encubierta.
Para las organizaciones de derechos humanos, cualquier intervención estatal debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También debe contar con mecanismos de control que permitan investigar abusos, identificar responsables y evitar que las fuerzas policiales actúen como árbitros de la vida política. La seguridad no puede utilizarse como argumento para cancelar derechos.
La memoria histórica frente a la violencia institucional
La denuncia del EMVyJ se relaciona con la memoria de las prácticas represivas que marcaron la historia argentina. La identificación de personas movilizadas, el seguimiento de referentes y la construcción de expedientes por participar en acciones públicas recuerdan métodos que las políticas democráticas deben abandonar de forma definitiva.
La impunidad también se expresa cuando la violencia institucional no es investigada con celeridad. El reclamo por verdad y justicia incluye la defensa de quienes sufren persecución en el presente. En ese marco, la sociedad mantiene vigente la búsqueda de justicia por Julio López y la exigencia de esclarecer los delitos cometidos contra militantes y defensores de derechos humanos.
Información pública frente a la desinformación
Una discusión democrática sobre seguridad requiere información precisa: qué establece el protocolo, quién ordena los operativos, cuántas personas fueron detenidas, qué fuerzas intervinieron y qué resultados tuvieron las causas iniciadas. Sin datos verificables, el discurso oficial puede convertir una movilización en una amenaza sin demostrar la existencia de un delito.
También es necesario proteger los canales de comunicación de las organizaciones. En los entornos digitales circulan contenidos que distraen, confunden o mezclan denuncias con materiales ajenos, como una publicación sobre juegos de casino con bono. La información sobre represión y derechos humanos debe conservar claridad, fuentes identificables y prioridad frente a contenidos que desvían la atención.
Responsabilidad política y control ciudadano
La coalición reclama que el Gobierno de la Ciudad revise el protocolo, limite las facultades policiales y garantice que ningún operativo se utilice para impedir la expresión de demandas sociales. También exige que las autoridades judiciales investiguen las detenciones ilegales, las agresiones, el uso indebido de armas menos letales y cualquier forma de hostigamiento.
El control ciudadano resulta indispensable. Registrar los procedimientos, acompañar a las personas detenidas, documentar abusos y difundir información confiable ayuda a reducir la impunidad. Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos deben poder movilizarse sin ser tratadas como enemigas internas.
Participá de las actividades por memoria, verdad y justicia, difundí las denuncias sobre violencia institucional y acompañá las movilizaciones que defienden el derecho a protestar. La democracia se fortalece cuando reclamar no implica exponerse a la persecución policial ni a la criminalización judicial.