Repudio a la prohibición del homenaje en la Alameda
La coalición Encuentro Memoria Verdad y Justicia repudia la decisión de la Municipalidad de Mendoza de impedir un acto de homenaje a las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en el Paseo de la Alameda. La medida constituye un grave retroceso para las políticas de memoria y para el ejercicio de derechos democráticos fundamentales.
Recordar a quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados por el terrorismo de Estado no es una provocación ni una actividad que deba ser silenciada. Es una práctica colectiva de reparación, transmisión histórica y compromiso con la verdad y la justicia.
El espacio público pertenece a la sociedad y debe estar abierto a las expresiones que defienden los derechos humanos. La prohibición municipal afecta a familiares, sobrevivientes, organizaciones sociales y a toda la comunidad que sostiene el reclamo de verdad, justicia y castigo a los responsables.
Una decisión incompatible con la memoria
El homenaje previsto en la Alameda buscaba mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. La negativa oficial impide una manifestación pacífica vinculada con una de las páginas más dolorosas de la historia argentina y desconoce el valor social de estos actos.
La construcción de memoria democrática requiere presencia, participación y libertad para señalar los crímenes cometidos desde el aparato estatal. Cuando una autoridad intenta borrar o restringir esas expresiones, favorece el silencio y debilita los consensos alcanzados después de décadas de lucha.
El espacio público como ámbito de derechos
Las plazas, paseos y calles son lugares de encuentro ciudadano. En ellos se desarrollan movilizaciones, intervenciones culturales y actos políticos que forman parte de la vida democrática. El Paseo de la Alameda no puede convertirse en un territorio vedado para quienes reclaman memoria, verdad y justicia.
Cualquier regulación municipal debe ser razonable, transparente y respetuosa de la libertad de expresión y del derecho de reunión. Una prohibición sin fundamentos suficientes puede transformarse en una herramienta de censura, especialmente cuando recae sobre organizaciones que denuncian crímenes de lesa humanidad.
El vínculo con la represión actual
La restricción del homenaje se inscribe en un clima más amplio de criminalización de la protesta y de limitación de la participación popular. La defensa de los derechos humanos exige observar tanto las herencias del terrorismo de Estado como las prácticas de violencia institucional que persisten en democracia.
En ese sentido, resulta necesario denunciar cada avance contra la organización colectiva, como se expone en el informe sobre la criminalización de la protesta. Impedir un acto de memoria y perseguir a quienes reclaman derechos forman parte de una misma preocupación: el uso del poder estatal para disciplinar voces críticas.
Una afrenta para familiares y sobrevivientes
Para las familias de las personas desaparecidas, cada homenaje representa una oportunidad para reafirmar la existencia, las historias y los proyectos de quienes fueron arrancados de sus hogares. Prohibir ese encuentro profundiza el dolor y transmite un mensaje de indiferencia frente a décadas de búsqueda.
Las y los sobrevivientes también tienen derecho a ocupar el espacio público para compartir sus testimonios. Sus palabras permiten comprender el funcionamiento del terrorismo de Estado y sostener la exigencia de que los crímenes de lesa humanidad continúen siendo investigados y juzgados.
La responsabilidad de las autoridades
La Municipalidad de Mendoza debe explicar públicamente las razones de la prohibición y revisar una decisión que afecta libertades constitucionales. Las autoridades no pueden presentar la memoria como un problema de orden urbano ni reducir un acto de derechos humanos a una cuestión administrativa.
Gobernar en democracia implica garantizar la pluralidad y proteger a quienes ejercen derechos pacíficamente. La administración municipal tiene la obligación de facilitar el diálogo con las organizaciones convocantes y encontrar una solución que permita realizar el homenaje en condiciones seguras y respetuosas.
Memoria, verdad y justicia como política pública
Las políticas de memoria no dependen de la voluntad ocasional de un gobierno. Se apoyan en normas, fallos judiciales, tratados internacionales y en el compromiso sostenido de la sociedad argentina. Por eso, toda decisión que limite sus expresiones debe ser cuestionada con firmeza.
La difusión pública de documentos y pronunciamientos permite conocer las posiciones de los organismos y acompañar sus acciones. En el espacio de comunicados de EMVyJ se reúnen declaraciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y el rechazo a la represión.
Una respuesta colectiva frente al silencio
La prohibición no debe lograr que el homenaje desaparezca. Las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos tienen la responsabilidad de sostener la convocatoria, visibilizar lo ocurrido y reclamar garantías para toda expresión democrática vinculada con la memoria.
También es necesario fortalecer las herramientas digitales con las que se preservan archivos, convocatorias y testimonios. La protección de cuentas y materiales en línea forma parte de esa tarea; incluso las orientaciones sobre configuración de cuentas pueden servir como referencia técnica para quienes administran plataformas comunitarias, siempre con criterios de privacidad y seguridad.
La coalición convoca a acompañar el repudio, difundir la denuncia y exigir que la Municipalidad de Mendoza autorice el acto en el Paseo de la Alameda. Defender este homenaje es defender la democracia, la libertad de expresión y el compromiso irrenunciable con la memoria, la verdad y la justicia.