La demanda civil por la Masacre de Avellaneda avanza en la Cámara de Apelaciones
A más de dos décadas de los hechos ocurridos el 26 de julio de 2002 en el puente Pueyrredón, la búsqueda de justicia por la Masacre de Avellaneda continúa dando pasos concretos en el ámbito judicial. La causa civil impulsada contra el Estado argentino, que reclama reparación por las víctimas de la represión desplegada durante las jornadas de protesta, atraviesa una etapa clave en la Cámara de Apelaciones, donde los jueces deben resolver distintas presentaciones de las partes y avanzar hacia un fallo definitivo.
El expediente reúne los reclamos de familiares de los jóvenes asesinados —Maximiliano Tasué y Darío Santillán— y de las decenas de personas heridas durante el operativo policial, en un hecho que conmocionó al país y que se convirtió en emblema de la violencia institucional contra quienes ejercen el derecho a protestar.
El contexto de una represión que marcó a la Argentina
En plena crisis económica y social, vecinas y vecinos de distintos barrios junto a organizaciones populares se movilizaron hacia el puente Pueyrredón para rechazar las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional. La respuesta de las fuerzas de seguridad, combinada con la actuación de civiles armados, derivó en un saldo irreparable: dos muertos por armas de fuego y decenas de heridos con balas de goma, gases y golpes.
Los peritajes y los testimonios recogidos a lo largo de los años reconstruyeron la secuencia de disparos, la presencia de armas reglamentarias en lugares incompatibles con el protocolo y la pasividad cómplice de funcionarios políticos que no impartieron la orden de detener el operativo. Esa reconstrucción integral es la base sobre la cual se sostiene la pretensión civil de que el Estado asuma su responsabilidad objetiva.
Una demanda complementaria a la causa penal
Aunque las sentencias del fuero penal condenaron a varios de los autores materiales —policías y civiles—, la querella representada por las familias entiende que la respuesta judicial debe contemplar también la dimensión patrimonial. La acción civil apunta a obtener indemnizaciones justas, el reconocimiento formal del daño y la obligación estatal de garantizar la no repetición de hechos similares.
En los escritos presentados se solicita, además, que se ordene al Estado implementar mecanismos efectivos de control sobre las fuerzas de seguridad en escenarios de protesta, así como la capacitación obligatoria en derechos humanos para el personal de todas las dependencias intervinientes. La demanda no se limita a lo económico: busca modificar prácticas institucionales arraigadas durante décadas.
Las familias y el reclamo que sostienen en el tiempo
A lo largo de más de veinte años, las madres, padres, hermanos y compañeras de Maximiliano y Darío han sostenido un reclamo paciente y firme, atravesando audiencias, recursos y giros judiciales. Cada instancia procesal fue aprovechada para recordar que los jóvenes no eran simples víctimas del azar, sino personas asesinadas mientras exigían pan y trabajo.
Su participación activa en la causa civil permitió ampliar el universo de demandantes, incorporando no solo a los familiares directos sino también a quienes sobrevivieron aquel día con lesiones graves. Esa ampliación resulta importante porque refleja la magnitud colectiva del ataque y la necesidad de que la justicia contemple al conjunto de la comunidad afectada por la represión.
El avance en la Cámara de Apelaciones
En las últimas semanas, la Cámara de Apelaciones resolvió cuestiones procesales pendientes y fijó plazos para que las partes contesten las últimas presentaciones del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires. Los argumentos de la defensa, que habían intentado reiteradamente eludir la instancia civil, fueron rechazados al menos de manera parcial, lo que allana el camino hacia el tratamiento de fondo del reclamo.
Los organismos de derechos humanos que patrocinan a las víctimas resaltaron que las audiencias se desarrollan sin sobresaltos y con producción de prueba incorporada progresivamente. La expectativa es obtener en el corto plazo una resolución que reconozca la responsabilidad estatal y ordene las medidas reparatorias solicitadas por la parte actora.
La responsabilidad del Estado frente a la violencia institucional
La Masacre de Avellaneda expone una cadena de responsabilidades que va mucho más allá de quienes apretaron el gatillo. Implica a quienes planearon el operativo, a quienes toleraron la irrupción de grupos armados ajenos a las fuerzas regulares y a quienes, desde el poder político, convalidaron una concepción de la protesta social como amenaza al orden público.
En el marco de la demanda civil, este hilo de responsabilidades puede traducirse en pronunciamientos concretos que obliguen al Estado a revisar protocolos, sancionar a funcionarios responsables y reparar económicamente a las víctimas. Es el tipo de decisiones que construye antecedentes firmes y limita la posibilidad de nuevas represiones contra el pueblo movilizado.
Memoria, verdad y justicia como horizonte colectivo
Cada aniversario de los hechos vuelve a reunir a familiares, organizaciones sociales, sindicales y políticas en actos, marchas y jornadas culturales en torno al puente Pueyrredón. Esa persistencia conmemorativa garantiza que la memoria colectiva no se diluya y que la exigencia de justicia permanezca viva en cada generación que se incorpora a la militancia.
Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia acompañan esta lucha con el convencimiento de que la verdad tardía, pero completa, es la única reparación posible frente a un Estado que durante demasiado tiempo miró para otro lado mientras se reprimía al pueblo.
El acompañamiento de los organismos de derechos humanos
El patrocinio jurídico y político de los organismos de derechos humanos resulta decisivo para sostener económica y políticamente a las víctimas a lo largo de un litigio que ya lleva varias décadas. Sin esa red de acompañamiento, la demanda civil perdería fuerza y consistencia institucional. Por eso es relevante sumarse al espacio que congrega y articula estas luchas a través de distintas vías —publicaciones, actos callejeros y documentación documental— y que mantiene viva la causa difundiendo sus avances en el portal de Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
La causa civil no es un camino paralelo al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad: es una pieza que completa el reclamo y permite avanzar hacia transformaciones estructurales que protejan efectivamente el derecho a protestar, sin que nadie vuelva a perder la vida por reclamar derechos.
Para quienes quieran seguir de cerca cada paso procesal, acompañar a las familias y sumarse a las próximas actividades de memoria y movilización, las convocatorias, documentos y pronunciamientos oficiales se difunden de manera permanente y son de acceso abierto en los canales de comunicación del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. La participación activa de vecinas, vecinos y militantes garantiza que la búsqueda de justicia por la Masacre de Avellaneda no se detenga hasta alcanzar un fallo integral que repare a las víctimas y siente precedentes firmes contra la impunidad y la violencia institucional.