Denuncian doctrina de mano dura en la formación de Gendarmería
La denuncia sobre que la Escuela de Comando de Gendarmería imparte doctrina de “mano dura” a los cadetes vuelve a poner en debate el modelo de seguridad que reciben quienes integrarán una fuerza federal. El señalamiento apunta a una formación que presentaría la protesta social, la organización popular y la conflictividad política como amenazas antes que como expresiones propias de una sociedad democrática.
La preocupación excede el contenido de una materia o de una clase aislada. Cuando la capacitación institucional legitima respuestas punitivas, uso desproporcionado de la fuerza y vigilancia sobre sectores movilizados, puede favorecer prácticas incompatibles con los derechos humanos y con las obligaciones del Estado argentino.
Qué se denuncia en la formación
Según el planteo difundido, el enfoque transmitido a los cadetes priorizaría la obediencia operativa, la identificación del enemigo interno y la intervención coercitiva frente a conflictos sociales. Esa perspectiva transforma problemas políticos, laborales o territoriales en asuntos de seguridad, y desplaza la mediación, el diálogo y la prevención.
Una doctrina de “mano dura” también puede naturalizar la detención arbitraria, la criminalización de la protesta y el uso de armamento o mecanismos de control sin criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad. La formación profesional debería establecer límites claros, protocolos públicos y responsabilidades individuales para cada actuación.
Seguridad democrática frente a la lógica represiva
Las fuerzas de seguridad cumplen funciones indispensables, pero su legitimidad depende del respeto a la ley y de controles civiles efectivos. En democracia, preservar el orden público no equivale a silenciar reclamos ni a proteger intereses económicos mediante la intimidación de quienes se movilizan.
El problema se agrava cuando los cadetes aprenden que determinados grupos sociales son peligrosos por su identidad política, sindical o territorial. Esa mirada puede reproducir prejuicios, habilitar abusos y debilitar la distinción entre una amenaza concreta y el ejercicio de derechos constitucionales.
Impunidad, memoria y responsabilidad estatal
La denuncia también debe leerse en relación con la persistencia de prácticas y discursos asociados a la represión estatal. La capacitación de una fuerza no puede desligarse de la responsabilidad histórica de investigar órdenes ilegales, sancionar abusos y garantizar que la obediencia debida no funcione como excusa.
La experiencia argentina demuestra que la impunidad alimenta nuevas formas de violencia institucional. El seguimiento de causas contra responsables del terrorismo de Estado, como se observa en el procesamiento de Etchecolatz, sostiene un principio fundamental: quienes ejercen poder desde el Estado deben responder ante la justicia.
| Aspecto | Enfoque democrático | Enfoque de mano dura |
|---|---|---|
| Protesta social | Derecho que debe protegerse | Amenaza que debe neutralizarse |
| Capacitación | Derechos humanos, prevención y mediación | Obediencia, disciplina y confrontación |
| Uso de la fuerza | Necesario, gradual y proporcional | Primera respuesta ante el conflicto |
| Control institucional | Supervisión civil, judicial y parlamentaria | Opacidad y escasa rendición de cuentas |
| Responsabilidad | Investigación de cada abuso | Justificación por la cadena de mando |
El papel de la memoria en las instituciones
La educación en derechos humanos no puede reducirse a una asignatura formal ni a actos conmemorativos. Debe atravesar la selección de instructores, los materiales de estudio, las prácticas de campo y los criterios de evaluación. También tiene que incluir el análisis de la última dictadura, de la violencia institucional en democracia y de las consecuencias de la persecución política.
Los balances sobre las políticas públicas de memoria permiten reconocer avances y retrocesos. El análisis de las últimas décadas, incluido el realizado en políticas de memoria, resulta indispensable para impedir que el “Nunca Más” quede limitado a una consigna sin efectos concretos dentro de las academias y fuerzas estatales.
Qué deben exigir los organismos y la sociedad
Frente a una denuncia de esta gravedad, las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes y espacios políticos pueden reclamar información verificable sobre los programas de estudio, las bibliografías y las órdenes impartidas en la escuela. La transparencia permite establecer si se trata de un episodio puntual o de una orientación institucional sostenida.
También corresponde exigir que cualquier capacitación sobre intervención en manifestaciones sea revisada por especialistas independientes y organismos de control. Entre las medidas prioritarias se encuentran:
- Publicar los contenidos, objetivos y evaluaciones de la formación de los cadetes.
- Incorporar protocolos obligatorios sobre protesta, detención y uso proporcional de la fuerza.
- Investigar toda denuncia de abuso, hostigamiento o persecución contra organizaciones sociales.
- Garantizar la supervisión civil, judicial y legislativa de las academias de seguridad.
- Asegurar formación permanente en memoria, verdad, justicia y derechos humanos.
Control público y garantías para protestar
La rendición de cuentas debe alcanzar a quienes diseñan la doctrina, a quienes la enseñan y a quienes la aplican en la calle. No alcanza con sancionar a un agente después de una agresión si la estructura institucional premia la violencia, oculta información o presenta a las víctimas como responsables de la represión.
Defender la protesta social implica proteger una herramienta de participación política, especialmente para trabajadores, comunidades y sectores vulnerados. Por eso, esclarecer qué se enseña en la Escuela de Comando de Gendarmería es una tarea urgente para preservar las garantías democráticas y evitar que la seguridad vuelva a organizarse alrededor de la figura del enemigo interno.
La denuncia debe ser investigada con seriedad, documentación y participación de organismos de derechos humanos. Difundir la información, acompañar a las víctimas y reclamar controles efectivos fortalece la memoria activa y sostiene la exigencia de verdad, justicia y responsabilidad estatal.