La justicia santacruceña investiga los vuelos de la muerte desde Trelew
La apertura de una causa en la justicia de Santa Cruz vuelve a poner bajo examen uno de los mecanismos más atroces del terrorismo de Estado: los vuelos de la muerte. La investigación busca determinar si aeronaves y estructuras vinculadas con la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron utilizadas para trasladar personas secuestradas y arrojarlas al mar o a otros lugares de disposición clandestina.
El expediente se inscribe en el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Su avance puede aportar información sobre cadenas de mando, movimientos de aeronaves, responsabilidades militares y destinos de víctimas que todavía permanecen desaparecidas.
Una práctica clandestina del terrorismo de Estado
Los vuelos de la muerte formaron parte del dispositivo represivo destinado a borrar las huellas de los secuestros, las torturas y los asesinatos. Las personas eran mantenidas en centros clandestinos, trasladadas bajo engaño o sedación y luego arrojadas desde aeronaves, en muchos casos sobre cursos de agua o el océano.
La ausencia de cuerpos fue utilizada como una herramienta de impunidad. Sin embargo, testimonios, documentos, registros de operaciones y hallazgos posteriores permitieron reconstruir fragmentos de esa maquinaria criminal. Cada nueva investigación puede conectar esos indicios con unidades militares y responsables concretos.
El papel de la base de Trelew
La base Almirante Zar, ubicada en las cercanías de Trelew, fue una instalación estratégica de la Armada Argentina. Su historia represiva ya está asociada a la Masacre de Trelew de 1972, cuando dieciséis presos políticos fueron asesinados después de un intento de fuga del penal de Rawson.
La causa santacruceña procura establecer qué relación existió entre esa base, las unidades navales y los posibles vuelos clandestinos realizados durante la dictadura. Para ello será necesario revisar bitácoras, partes de vuelo, órdenes de servicio, comunicaciones internas y documentación que pudo haber sido ocultada o destruida.
Qué busca determinar el expediente
La investigación deberá precisar quiénes participaron en la planificación y ejecución de los traslados, qué aeronaves fueron empleadas, desde dónde despegaron y cuáles fueron sus rutas. También puede contribuir a identificar a las víctimas y a reconstruir los circuitos represivos que conectaban distintas provincias y dependencias militares.
La determinación de responsabilidades no se limita a quienes estuvieron físicamente en una aeronave. La justicia debe analizar los niveles de mando, la coordinación institucional y la posible participación de funcionarios que garantizaron la logística, el encubrimiento o la continuidad operativa de los crímenes.
La importancia de los testimonios
Los testimonios de sobrevivientes, familiares, exconscriptos y trabajadores de instalaciones militares pueden resultar decisivos. Muchas veces, la información sobre horarios, movimientos inusuales, nombres de oficiales o vuelos sin registro formal permaneció durante décadas en la memoria de quienes observaron esos hechos.
La investigación también debe proteger a quienes aporten información y evitar que el paso del tiempo debilite la búsqueda de verdad. Las organizaciones de derechos humanos han demostrado que la persistencia de las víctimas y sus familiares permite transformar recuerdos dispersos en pruebas judiciales.
Una causa vinculada con otras investigaciones
Los vuelos de la muerte no fueron hechos aislados ni exclusivos de una región. Existen causas y juicios que investigan operaciones similares desde dependencias de la Armada, la Fuerza Aérea y otras estructuras represivas. El intercambio de documentación y criterios entre expedientes puede ayudar a identificar patrones comunes.
En ese marco, la participación organizada sigue siendo fundamental. Las plenarias del EMVyJ expresan un espacio de articulación para acompañar las causas, reclamar políticas de memoria y sostener la movilización frente a cualquier intento de impunidad.
Memoria, verdad y justicia en el presente
Investigar los crímenes de la dictadura también implica defender el derecho de la sociedad a conocer cómo funcionó el aparato represivo. La verdad judicial tiene un valor reparador para las familias y establece límites frente a la negación, la reivindicación de los perpetradores y los discursos que buscan presentar el terrorismo de Estado como una disputa del pasado.
La lucha por los derechos humanos se relaciona, además, con las violencias institucionales actuales. El seguimiento de las Abuelas de Plaza de Mayo demuestra que la búsqueda de identidad y justicia continúa siendo una tarea colectiva, sostenida por la memoria activa.
El compromiso frente a la impunidad
El avance de esta causa dependerá de que la justicia reúna pruebas, escuche a las víctimas y actúe sin demoras. También será necesario que el Estado garantice archivos accesibles, equipos especializados y recursos para investigar delitos cuya gravedad exige una respuesta permanente.
Acompañar este proceso significa exigir juicio y castigo a todos los responsables, defender a quienes denuncian y rechazar cualquier forma de criminalización de la protesta. Difundir la investigación, participar en las movilizaciones y sostener la memoria colectiva son formas concretas de impedir que los vuelos de la muerte queden sepultados junto con sus víctimas.
La causa necesita una sociedad atenta y activa. Sumarse a los organismos de derechos humanos, compartir información verificada y acompañar a familiares y sobrevivientes fortalece el reclamo de verdad, justicia y reparación.