Desalojo y violencia estatal en la provincia de Buenos Aires
La policía bonaerense vuelve a usar el protocolo de «gendarmería» para desalojar una toma de tierras. La decisión reactiva una modalidad de intervención que presenta los conflictos habitacionales como amenazas de seguridad y habilita despliegues desproporcionados contra familias organizadas.
El desalojo de un predio ocupado no puede analizarse únicamente como un problema de orden público. En cada operativo aparecen derechos constitucionales, obligaciones internacionales, responsabilidades judiciales y la situación concreta de personas que reclaman acceso a una vivienda.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la denuncia de estas prácticas se vincula con una preocupación más amplia: la continuidad de la violencia institucional, la criminalización de la protesta y el uso de fuerzas estatales para resolver conflictos sociales mediante intimidación.
El operativo y la lógica represiva
La utilización de un protocolo asociado a la Gendarmería por parte de la policía provincial expresa una concepción securitaria de la protesta. El lenguaje de la emergencia, el cerco policial y la exhibición de armamento pueden convertir una medida judicial en una escena de disciplinamiento colectivo.
Cuando el Estado despliega fuerzas preparadas para situaciones de alta peligrosidad frente a una toma de tierras, transmite que quienes reclaman vivienda son adversarios internos. Esa mirada borra las causas económicas y sociales del conflicto, además de dificultar cualquier negociación previa al desalojo.
Garantías que no pueden suspenderse
Una orden judicial no habilita automáticamente el uso ilimitado de la fuerza. El procedimiento debe ser legal, necesario, proporcional y controlado por autoridades civiles y judiciales. También requiere identificar a las personas afectadas, proteger a niñas, niños y adultos mayores, y garantizar asistencia sanitaria y habitacional.
La prevención de abusos exige observadores de organismos de derechos humanos, registro audiovisual completo y acceso rápido a defensores públicos. La prohibición de tratos crueles, amenazas, golpes o detenciones arbitrarias rige durante todo el operativo, incluso cuando exista una decisión de restitución del inmueble.
Vivienda, protesta y criminalización
Las tomas suelen surgir en contextos de alquileres inaccesibles, precarización laboral, falta de urbanización y ausencia de políticas públicas sostenidas. Reducirlas a una conducta delictiva impide discutir por qué miles de familias no encuentran una alternativa digna para vivir.
La respuesta estatal debería priorizar el diálogo, el relevamiento de necesidades y las soluciones habitacionales transitorias. El desalojo sin destino para las personas afectadas profundiza la vulnerabilidad y desplaza el conflicto hacia nuevas ocupaciones, sin resolver su origen.
| Dimensión | Riesgo del enfoque represivo | Respuesta democrática |
|---|---|---|
| Seguridad | Militarización y uso excesivo de la fuerza | Intervención policial limitada y supervisada |
| Justicia | Detenciones o causas por reclamar | Debido proceso y defensa efectiva |
| Vivienda | Familias expulsadas sin alternativa | Plan de contingencia y asistencia habitacional |
| Transparencia | Operativos sin registro independiente | Control civil, audiovisual y judicial |
| Derechos humanos | Malos tratos y discriminación | Protección especial para grupos vulnerables |
Control civil sobre las fuerzas
La provincia debe explicar qué protocolo aplica, quién ordenó el despliegue y cuáles son las reglas para el uso de armas, gases, balas de goma y detenciones. La opacidad impide evaluar responsabilidades y favorece que los abusos queden presentados como consecuencias inevitables del operativo.
También corresponde investigar de oficio cualquier denuncia de violencia institucional. La fiscalía y los organismos de control no pueden limitarse a validar el parte policial: deben preservar pruebas, recibir testimonios y garantizar que las personas afectadas no sufran represalias por denunciar.
Una continuidad que las organizaciones advierten
El avance de respuestas represivas se relaciona con el debilitamiento de las políticas de memoria y de los espacios capaces de documentar la violencia estatal. Por eso resulta relevante la denuncia sobre el recorte a sitios de memoria, que afecta herramientas sociales fundamentales para construir verdad y exigir rendición de cuentas.
La experiencia histórica argentina demuestra que la impunidad se alimenta de la naturalización de prácticas abusivas. La persecución de organizaciones, la estigmatización de quienes protestan y la militarización de conflictos civiles deben ser enfrentadas antes de que se conviertan en procedimientos habituales.
Exigir respuestas y acompañar a las víctimas
Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos pueden reclamar información pública, presencia en el territorio y asistencia jurídica para las familias desalojadas. La cobertura de cada caso debe evitar la criminalización y registrar tanto las condiciones de vida como las eventuales agresiones cometidas durante el operativo.
También es necesario sostener la movilización popular. La convocatoria a la marcha nacional del 24 de marzo reafirma que memoria, verdad y justicia son principios inseparables de la defensa de los derechos en el presente.
Acciones urgentes para una respuesta democrática
- Exigir la publicación del protocolo utilizado y de la orden judicial completa.
- Garantizar observadores de derechos humanos, defensa pública y atención sanitaria.
- Investigar toda denuncia de golpes, amenazas, abusos o detenciones arbitrarias.
- Reclamar soluciones habitacionales para las familias afectadas por el desalojo.
- Documentar cada operativo y difundir información verificada para enfrentar la estigmatización.
La defensa de la vivienda y de la protesta exige organización, presencia territorial y memoria activa. Sumarse a las campañas, comunicados y movilizaciones del espacio de denuncia permite fortalecer el control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad y reclamar políticas que protejan derechos en lugar de castigar la pobreza.