Un protocolo para proteger el derecho a la protesta
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación publicó un protocolo de actuación para marchas y movilizaciones, en un contexto marcado por la conflictividad social, la represión de manifestaciones y el avance de discursos que presentan la protesta como una amenaza. El documento busca fijar criterios para la intervención estatal y recordar que movilizarse es un derecho constitucional.
La existencia de una norma administrativa no garantiza por sí misma una actuación respetuosa de las libertades públicas. Su valor dependerá de la forma en que se aplique, de los controles disponibles y de la posibilidad de denunciar abusos. Para las organizaciones de derechos humanos, cualquier protocolo debe priorizar la vida, la integridad física y la libertad de expresión.
La discusión también recupera una experiencia histórica: en Argentina, las movilizaciones fueron esenciales para enfrentar la impunidad y reclamar verdad y justicia. Las marchas de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo demostraron que la presencia colectiva en el espacio público puede transformar una demanda en una política de Estado.
Alcance del protocolo oficial
El protocolo establece pautas para los organismos que intervienen antes, durante y después de una marcha. Entre sus objetivos se encuentra ordenar la coordinación institucional, definir responsabilidades y evitar respuestas improvisadas frente a cortes de calles, concentraciones, actos públicos o movilizaciones espontáneas.
Su implementación debe interpretarse dentro del marco constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Ninguna regulación puede convertir la autorización previa en un requisito para protestar ni habilitar restricciones generales basadas en criterios políticos, económicos o ideológicos.
La protesta como derecho democrático
La libertad de reunión y de expresión protege también las manifestaciones que incomodan al poder. Una movilización sindical, estudiantil, territorial o de organismos de derechos humanos puede alterar temporalmente la circulación, pero esa consecuencia no elimina su legitimidad ni permite tratar a quienes participan como delincuentes.
Las autoridades tienen la obligación de buscar soluciones proporcionales. El diálogo con las organizaciones convocantes, la planificación de desvíos y la presencia de mediadores suelen ser herramientas más adecuadas que la intimidación o el despliegue de fuerzas armadas y policiales con equipamiento destinado al combate.
Límites a la intervención de las fuerzas
El uso de la fuerza debe ser excepcional, gradual y estrictamente necesario. La identificación de responsables individuales no puede justificar detenciones masivas, golpes, disparos de armas menos letales a corta distancia ni el empleo indiscriminado de gases. También debe protegerse a periodistas, trabajadores de prensa, observadores y equipos médicos.
El protocolo debe incluir garantías para registrar procedimientos, preservar pruebas y asegurar asistencia legal inmediata. Cada detención necesita una causa concreta y control judicial. La prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes alcanza a todas las personas bajo custodia estatal, incluso durante operativos en la vía pública.
Información, registros y responsabilidad estatal
La transparencia es indispensable para evaluar una actuación policial. Las autoridades deben publicar órdenes operativas, criterios de despliegue, cantidad de agentes, detenciones, personas heridas y denuncias recibidas, con resguardo de los datos personales. Sin información verificable, la rendición de cuentas queda reducida a comunicados contrapuestos.
La comunicación oficial también debe evitar la estigmatización. Presentar a una organización completa como violenta por la conducta de algunas personas puede habilitar persecuciones y afectar a miles de manifestantes. En los entornos digitales, la claridad resulta igualmente necesaria: el público debe poder diferenciar documentos institucionales, coberturas periodísticas y materiales ajenos, como una explicación del blackjack que aparece fuera del campo temático de derechos humanos.
Memoria histórica y continuidad de las luchas
Toda política sobre movilizaciones debe considerar la historia argentina de persecución política, desapariciones y represión estatal. Las organizaciones que hoy marchan contra la violencia institucional también sostienen una tradición de resistencia construida durante la dictadura y continuada en democracia.
Los testimonios de las Madres en el exilio muestran cómo la denuncia internacional permitió mantener viva la memoria cuando el Estado intentaba imponer silencio. Ese legado puede consultarse en los testimonios de las Madres, que vinculan la experiencia del exilio con la lucha por verdad, justicia y reparación.
Control ciudadano y garantías efectivas
La aplicación del protocolo requiere participación social. Las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes, colectivos barriales y organismos profesionales deben poder supervisar los operativos y aportar observaciones. También deben existir canales accesibles para denunciar amenazas, hostigamiento, lesiones, detenciones arbitrarias o persecución penal.
El Congreso, la Justicia y las defensorías tienen responsabilidades específicas en ese control. Una norma respetuosa de los derechos fundamentales debe revisarse periódicamente, incorporar estándares internacionales y corregir cualquier disposición que facilite la criminalización de la protesta o reduzca el espacio cívico.
La publicación del protocolo abre una discusión que no puede quedar limitada a las oficinas estatales. Defender el derecho a marchar implica exigir reglas claras, protección para quienes se movilizan y sanciones para los agentes que abusan de su poder. Consultar el documento, difundir información confiable y acompañar a las personas afectadas fortalece la memoria, la verdad y la justicia.