Denuncian el uso de gases lacrimógenos contra familias en Rodrigo Bueno
En las primeras horas de un operativo destinado a ejecutar un desalojo en el barrio Rodrigo Bueno, organizaciones sociales, vecinos y referentes de derechos humanos registraron escenas de violencia desproporcionada contra familias que se resistían a abandonar sus viviendas. La presencia de fuerzas de seguridad y el lanzamiento reiterado de gases lacrimógenos en pasillos angostos configuraron un cuadro que varios testigos describieron como una emboscada contra personas indefensas, entre ellas niños y adultos mayores.
La zona afectada, conocida como Villa Rodrigo Bueno, está en la Ciudad de Buenos Aires, próxima a Puerto Madero, y aloja desde hace décadas a familias en pobreza estructural. Distintas intervenciones judiciales habilitaron procesos de urbanización que nunca se completaron, dejando a sus habitantes expuestos a reiteradas amenazas de desalojo sin solución habitacional.
Una red de colectivos territoriales y organismos de derechos humanos acompañó la jornada con tareas de documentación y acompañamiento legal. Los comunicados recordaron que la lucha por la tierra y la vivienda digna forma parte de una tradición ligada a la memoria de los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El operativo de desalojo y la violencia desplegada
Ordenado por un juzgado y ejecutado por Gendarmería y la Policía de la Ciudad, el procedimiento avanzó sobre las manzanas habitadas desde el amanecer con máquinas pesadas y un cordón de uniformados. Los agentes ingresaron sin advertir previamente a las familias, dispararon bombas de gas lacrimógeno contra ventanas y patios, y bloquearon las salidas mientras los moradores intentaban resguardar a sus hijos del humo tóxico. El saldo incluyó personas descompensadas, ataques de pánico y menores atendidos por ambulancias.
Imágenes difundidas en redes muestran columnas blancas de gas avanzando entre las casas de chapa y ladrillo, además de mujeres cargando criaturas envueltas en trapos húmedos para protegerles las vías respiratorias. Vecinas del lugar contaron que varias familias llevan más de treinta años residiendo en el predio y que, según fallos judiciales previos, deberían haber sido reubicadas antes del operativo.
La denuncia de los organismos de derechos humanos
La Comisión de Vecinos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y diversas asambleas territoriales emitieron comunicados conjuntos que calificaron la actuación policial como una represalia colectiva contra los sectores más empobrecidos de la ciudad. Los textos cuestionaron el uso de agentes químicos en zonas densamente pobladas y exigieron investigaciones administrativas y penales.
Abogados voluntarios que asistieron a las familias denunciaron que se impidió el ingreso de alimentos, agua y medicamentos al barrio durante el operativo. Las presentaciones judiciales quedaron a disposición de los vecinos, junto con el relevamiento fotográfico. Para quienes buscan conocer los detalles, los documentos oficiales del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia permanecen abiertos a la consulta pública.
Infancia, salud y el uso de gases en contextos habitados
Especialistas en salud comunitaria recordaron que la exposición a gases lacrimógenos en espacios cerrados puede provocar quemaduras químicas, daño ocular y complicaciones crónicas en personas asmáticas, una condición frecuente entre los niños del barrio. La pediatra que asistió a varias criaturas afectadas sostuvo que algunos pequeños continuarán con tratamientos por semanas.
El uso de estas sustancias en barrios populares no es aislado: en episodios previos de protesta y conflictos por la tierra, los uniformados recurrieron al mismo arsenal, con consecuencias similares. La diferencia que subrayaron las familias es que esta vez no se trataba de una movilización, sino del interior de hogares donde dormían bebés, personas con discapacidad y ancianos que no podían desplazarse rápidamente.
Vivienda digna y responsabilidad del Estado
El caso Rodrigo Bueno reabrió el debate sobre la responsabilidad compartida entre el Gobierno de la Ciudad, el Poder Judicial y las empresas desarrolladoras que sostienen negocios inmobiliarios en la zona. Organizaciones del hábitat recordaron que existen dictámenes de la CIDH y de comités de la ONU que señalan al Estado argentino por la falta de garantía del derecho a una vivienda adecuada y por los reiterados episodios de violencia institucional contra comunidades vulnerables.
Las entidades nucleadas en el Encuentro ratificaron que ninguna orden judicial puede habilitar el uso indiscriminado de la fuerza sobre la población civil. Las víctimas exigieron que se suspenda cualquier nuevo desalojo hasta tanto se garantice un proceso de relocalización con participación efectiva de los afectados y estándares mínimos de habitabilidad.
Memoria, verdad y justicia frente a la represión
La articulación entre lucha por la tierra y exigencia de memoria se hizo visible en cada bandera que flameó frente al barrio mientras avanzaba el operativo. Madres y abuelas que perdieron familiares durante la última dictadura reconocieron en las escenas sus propias historias de desamparo, reforzando el compromiso de articular ambas causas. Esa continuidad histórica se refleja en la palabra pública, como cuando el testimonio de una sobreviviente de la ESMA sobre los vuelos de la muerte se incorpora al debate público para reiterar la urgencia de no naturalizar la violencia estatal contra los sectores populares.
Esa misma trayectoria obliga a no separar la lucha por la tierra de las demandas de juicio y castigo a los responsables de la represión. Las organizaciones nucleadas en el EMVyJ reclaman que el mismo Estado que disuelve conflictos sociales con gases lacrimógenos es el que debe garantizar el acceso a una vivienda digna y reparar a las víctimas de la última dictadura.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a sumarse a la próxima marcha hacia el barrio Rodrigo Bueno, a firmar los petitorios de acompañamiento y a replicar los comunicados en cada espacio sindical, estudiantil y comunitario disponible. La visibilidad pública de lo ocurrido es la principal herramienta que tienen las familias para frenar la maquinaria represiva. Cada firma, cada difusión y cada presencia en la calle ayuda a sostener el reclamo de manera colectiva.